miércoles, 27 de marzo de 2013

Nuevo Estado de Derecho



Agradezco la invitación de la colega en estos linderos del ciberespacio, Sherly Rivera, para discutir un tema que es un tanto desagradable, y el cual apenas entiendo.  Se trata del tema de las leyes en Puerto Rico.  De ordinario, esta discusión solo encuentra espacio en las Escuelas de Derechos, los Tribunales, El Capitolio y en La Fortaleza.  Difícilmente en una cafetería, barras, clubes nocturnos o en una barbería (que son los lugares que frecuento), ni siquiera en alguna Plaza Pública del país,  se escuche alguna conversación que gire en torno al origen de las leyes que rigen toda nuestra vida.  Por lo regular en los chinchorros solo se oye a varios comensales dialogar, cerveza en mano, la última noticia sobre cómo se aplican esos estatutos casi desconocidos.  Según mi matemática, q sigue siendo tan buena como cuando cursaba el tercer grado, en Puerto Rico se deben haber aprobado aproximadamente, 15,500 leyes desde el año 1952.  De las cuales, lo más probable no conozcamos ni una millonésima parte.  Debo admitir que pertenezco a esa singular mayoría que no las conoce, ni se interesa en conocer.

Me parece que es un t
ópico exclusivo de la clase letrada nacional.  O al menos, eso es lo que el sistema educativo del país, nos ha empotrado a través de sus métodos de enseñanza.  Debe ser por eso que, mientras los jóvenes cursan la escuela preparatoria para la Universidad, sólo les interesa la ley sobre el cumplimiento de la mayoría de edad, para poder conducir y tomar alcohol.  Aunque muchos quieren negarlo y otros se niegan a aceptarlo, esta realidad pone de manifiesto el hecho de que al Estado no le interesa, y mucho menos le conviene, que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos.  Esto es el causal para que, en la mayoría de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso, el conocimiento sobre leyes, sea prácticamente nulo.

Una vez llegan a esta etapa, estos futuros profesionales deben elegir sus respectivas carreras universitarias.
 De estos, un selecto grupo y por diferentes motivaciones, decide estudiar leyes.  Al menos eso dicen cuando se les pregunta que desean estudiar, aunque la respuesta debería ser, Derecho, realmente.  Independientemente de las razones que tenga cada uno para elegir ese camino, cuando entran por las puertas de las distinguidas escuelas, son como hojas en blanco, igual que aquellos que decidieron otros campos de estudios.  Después de los primeros cuatro o cinco años estudiando un bachillerato en algún campo de su preferencia, sin importar si este guarda relación alguna con la estructura legal, inicia la travesía a través de todo el supernumerario esquema de estatutos vigentes.  Estos están concentrados por área de especialidad (Constitucional, Internacional, Civil, entre otros), y cada aspirante selecciona una rama legal según sus intereses profesionales.  Cabe señalar que a este punto, todavía los futuros letrados del país, están tan "cruitos" en materia de leyes, como aquel que prefirió estudiar las artes culinarias.

Una vez dentro de las aulas, comienzan su inducción al mundo de la abogacía.
 Echándole un vistazo, a vuelo de pájaro, a los currículos de sendas instituciones dedicadas a esos menesteres, es inevitable notar que tienen espacio para mejorar.  Hago un paréntesis en esta instancia, para indicar que no soy la mejor persona ni la más idónea, mucho menos la más preparada para señalar fallas en la forma y manera en que se estudia Derecho en este país.  Como lego que soy, expreso mi sencilla y humilde opinión. Sin ánimos de establecer lo que es bueno o lo que es mejor,  sino a modo de darle otra perspectiva al tema.

En ninguno de los currículos que he leído, observé algún curso dirigido a la historia de las leyes en Puerto Rico.
 Nada relacionado al estudio del desarrollo de nuestro Estado de Derecho, desde sus inicios hasta su condición actual.  Es de todos sabidos que en primera instancias las leyes que regían el pueblo de Puerto Rico, desde su descubrimiento eran las impuestas por España.  Luego, con la llegada de los Estados Unidos de América, eso cambió diametralmente.  Bajo el poder norteamericano, nuestro sistema ha sufrido ciertas modificaciones desde el 1898 hasta ahora.  La mayoría de los estudiantes y practicantes de hoy dirán: Para que estudiar estatutos que ya no están vigentes, ni tienen efecto en nuestra vida actual?  Ese planteamiento es válido, pero ciertamente todas las profesiones tienen su historia.  Imagínese un doctor operándole un ojo con rayos laser, sin haber estudiado el origen de la catarata.  Pero bueno, no todas las carreras se desempeñan de la misma manera.  Hoy día existen agencias de gobierno con más doctores que el Centro Medico de Puerto Rico.

Una vez terminado el Juris Doctor en cualquiera de las especializaciones, los candidatos a litigantes tienen que pasar por el proceso de reválida.
 Es decir, tienen que poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en los últimos tres años de estudios intensivos, para poder ejercer la profesión.  Aquí se separan, los abogados de los licenciados.  Con este mecanismo poco sustantivo por demás (lo digo sin pretensiones de experto), se pretende legitimar el pobre y mediocre proceso de preparación académica.  Con un supuesto tiempo razonable, los recién instruidos educandos repasan (o embotellan) todo el conocimiento recién adquirido.  Luego de varios meses en cautiverio, algunas semanas en depresión, y un par de días en tensión, acuden a tomar su examen con la fe en su poder de retentiva.  Pasan varias semanas, hasta que un panel selecto de evaluadores, pasa revista sobre su competencia legal.  

Después que los desafortunados reciben su aviso de un fallo adverso, con la consecuencia de comenzar su vía crucis, los más favorecidos reciben el visto bueno para comenzar su incursión en los linderos de la legalidad.  No voy a entrar en los méritos del proceso de evaluación, ni si el mismo es uno justo o no, eso lo pueden ilustrar mejor los propios aspirantes.  Lo que sí es apremiante es, si en efecto, los noveles abogados han recibido la mejor preparación para ejercer el Derecho de la manera más profesional, ética y moralmente correcta. 
El Estado de Derecho actual de Puerto Rico, está fundamentado y respaldado por la Constitución del Estado Libre Asociado.  La misma que fue modificada, luego de ser aprobada por la Asamblea Constituyente, por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.  Luego de su ratificación por el pueblo, se ha tejido alrededor de la misma una maraña de leyes, códigos, reglamentos, y órdenes ejecutivas, que solo logran que la justicia que estos juristas han prometido defender, se vicie entre procesos burocráticos y llenos de subterfugios para manipular las posibles interpretaciones que los jueces y magistrados puedan conferir.  Mi percepción (distraída, como siempre), a juzgar por las últimas decisiones en los tribunales locales, es que los jurisconsultos han encontrado en este sistema la mejor manera de manipular los procesos judiciales, sin necesariamente apegarse a la base legal de cada asunto, ni a su exposición de motivos.  El resultado de esta virulenta práctica, es que tenemos una clase letrada, experimentada y versada en el arte de trastocar el “debido proceso de ley”, valiéndose de los ya famosos atenuantes, y en la búsqueda de las fallas en los procesos administrativos preliminares.  Pero enajenada de la verdadera historia de las leyes (si es que existe) en Puerto Rico.
Mientras todos los esfuerzos de la Administración de Tribunales, se centran en esta astuta y metódica forma de postergar la justicia bajo sus propios criterios, se solapa la raíz de la decadencia e impotencia de las cortes al impartir jurisprudencia con objetividad y conciencia.  El interminable desfile de casos diarios en salas, el cuello de botella en los tribunales, incluso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (sin mencionar la politización de este último), son solo algunos de los síntomas de un régimen tísico, que yace en sus propias decisiones.

El producto final de este panorama taciturno, es la relegación de la necesidad de revisar la composición de toda la estructura legal del país.  Incluyendo las leyes que datan del principio de la dominación norteamericana, (como el gobierno civil, la ciudadanía americana, el cabotaje, las Relaciones Federales, el ELA, entre otros), y que en la actualidad inciden, de una manera u otra, en nuestro desenvolvimiento político, social, económico, y cultural.  Soy del pensamiento (si se puede llamar pensar), de que lo que este país necesita para paliar la crisis actual (ética, moral, económica, y social), es desmantelar todos los componentes del sistema legal como lo conocemos.  Desvincular todo cuanto ha engendrando y que nos ha sumido y mantenido a la merced de sus demagogias licitas.
Es imperativo para nuestro futuro, gestar un Nuevo Estado de Derecho, que no deje espacio para los que quieren controlar y manipular a su conveniencia y a su antojo, la balanza de la ley, inclinándola siempre hacia una élite, una burguesía, un grupúsculo, que bajo el estado actual, domina y posee la mayor parte de las riquezas y los accesos a los bienes y recursos del país, acumulando capital de manera rampante, en detrimento de otras clases sociales más desventajadas.  Un Nuevo Estado de Derecho que no permita el intervencionismo ultramarino, reclamando y declarando para el pueblo su derecho a su total autodeterminación.  Que a su vez le cierre el paso al lucro desenfrenado de naciones extranjeras, y que no de paso a la intromisión de ningún gobierno, entidad, institución, o empresa, en los temas locales que solo le competen a los naturales de la isla.  Un nuevo Estado de Derecho que sea del pueblo y para el pueblo (literalmente hablando), que no permita ningún tipo de injusticia, ni que propicie la aplicación de justicia tardía.  Que esté accesible a todos, que se instruya en sus bases y fundamentos, a todos los ciudadanos desde edad temprana, de manera que conozcan todos sus derechos y responsabilidades como miembros de una nueva sociedad.
¡Levántate y anda! 
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Caronte Campos Elíseos – Escritor, poeta, narrador, músico y compositor.  Nació en un lugar cercano, y en la actualidad reside en un lugar distante.  Administra el espacio cibernético, solo-disparates, donde hace galas de sus dotes de locura.  Romántico empedernido, ha dedicado los últimos años de su vida a desechar y olvidar, todo cuanto ha aprendido.  Fanático de los asuntos relacionados al inframundo, donde según comenta el propio autor, se pierde su mente con frecuencia.  Fiel creyente en su propia fe y seguidor de aquellos que no tienen rumbo fijo.  Filósofo, pensador y mecenas, enfocado en el descubrimiento de nuevos talentos olvidados y/o truncados. 
 

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